El balance de los agentes sociales
100 días del 'Govern Aragonès': cuando todo está por hacer
Las entidades sociales valoran las buenas intenciones del nuevo Govern pero reclaman concreciones ante las desigualdades crecientes
Pere Aragonès: 100 días de aterrizaje y un otoño en cuesta
La oposición suspende al Govern por la falta de presupuestos y de plan de choque social
El agosto con menos 'procés' en una década
Fidel Masreal
Periodista
Licenciado en Ciències de la Comunicació por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), curso de periodismo jurídico-político por la UAM-El País, ha ejercido como periodista político en Onda Cero, diari Menorca, Ràdio Barcelona (cadena SER) -donde fue jefe de la sección de Política- y Els Matins de TV3. Desde septiembre del 2008 es redactor en El Periódico, primero como cronista parlamentario en Madrid y en la actualidad especializado política catalana. Autor de "Conviure amb la depressió" (Mina, Eniclopèdia Catalana, 2007), "Game Over: els partits polítics, corrupció i vicis del sistema" (La Mansarda, 2013), "Cuentos Ex" (Magma Editorial, 2019) y "Contes del procés" (Magma, 2019). Colabora como analista en TVE, Catalunya Ràdio, SER Catalunya y RAC-1, entre otros.
Cuando en un discurso de investidura se promete, por ejemplo, un plan de choque social con 700 millones de euros en los primeros 100 días de gobierno, con el objetivo de rescatar a familias en situación de pobreza extrema y sin techo y reducir las listas de espera en dependencia, el riesgo es evidente: que 100 días después los sectores sociales coincidan en el balance de que el objetivo es loable pero está todo por hacer. Eso sí, con buenas vibraciones y con una valoración bastante positiva, sobre todo por parte de las patronales.
La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, es clara: "Es un Govern sensible y receptivo, pero no sabemos cuándo se iniciará el anunciado plan de choque social de 700 millones ni en qué se invertirá". En este resumen coinciden la mayoría de entidades. Alsina valora en positivo el incremento en 140 millones de la renta garantizada de ciudadanía, pero añade: "Debe ir acompañado de una ampliación de la cobertura porque hay colectivos que se siguen quedando fuera".
La Taula también reclama que se detalle cómo se invertirán los 917 millones anunciados para políticas de empleo a colectivos como jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y personas en situación de vulnerabilidad.
"Se anunció un plan de choque de 700 millones con la boca llena pero no sabemos cuando empezará ni cómo"
Al respecto de esta cifra, el líder de Comissions Obreres, Javier Pacheco, es claro: "Es una jugada de márketing político". Pacheco ve a un nuevo Govern con ganas de hacer más leyes, pero tras un primer acuerdo sobre ayudas a empresas, autónomos y trabajadores en ERTE, echa de menos darle continuidad, medidas como "un instituto catalán de la dependencia, corregir la congelación del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC)" y estructurar a fondo el diálogo social.
Xavier Puig, presidente de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), también pide hechos: "Con esto de los 100 días somos ya muy escépticos. Cuando hablamos de pobreza llevamos décadas y muchos gobiernos de todos los colores hablando de reducirla, pero las medidas no han sido efectivas nunca, todo es paliativo. Hace falta un cambio de modelo”. Puig pone un ejemplo, el del plan piloto sobre una renta universal: "Estamos a la espera de saber quién llevará la oficina técnica, todo está por hacer".
La visión de PIMEC y Foment, "parcialmente positiva"
El juicio del líder de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, es más amable. Saluda positivamente la recuperación del diálogo con el Estado y acuerdos como el de la ampliación del aeropuerto de El Prat, así como la activación del pacto nacional por la industria y del diálogo social. También valora en positivo las ayudas directas a empresas por el covid, "dentro de las posibilidades de la Generalitat". En el capítulo negativo, sitúa lo que considera como "dependencia de la CUP" en los presupuestos de 2022.
Es positivo el acuerdo sobre el aeropuerto y los Juegos de invierno, pero nos preocupa la dependencia de la CUP en los presupuestos
En la pequeña y mediana empresa, la PIMEC, en una nota remitida al respecto, ve "parcialmente positiva" la nueva etapa y destaca el acuerdo para la ampliación del aeropuerto, el pacto con los agentes sociales para aumentar las mencionadas ayudas directas a empresas y el impulso a la industria.
En cambio, desde la UGT de Catalunya, su secretario general, Camil Ros, se muestra más exigente. Valora positivamente, como indica Foment, los planes de ayuda directa a empresas, autónomos y trabajadores, "pero es casi lo único que hay". "El resumen es: esperando al Govern", indica Ros, que desconoce si hay planes en materia de renta garantizada o a qué se destinarán los anunciados 917 millones de un plan de choque en materia de empleo. "Echamos de menos más comunicación sobre cuestiones como el aeropuerto o en temas socioeconómicos", añade.
El plan de choque de 917 millones para políticas de empleo fue una jugada de marketing político, y en los presupuestos no soy muy optimista
Las residencias, más que exhaustas
Uno de los sectores más castigados, exhausto tras un año y medio de pandemia devastadora, es el de las residencias geriátricas. Assumpció Ros, vicepresidenta de una federación de estas residencias (FEATE), no puede ser más clara: "Lo único que hemos recibido, con la quinta ola, son más restricciones. Sí, nos han pagado un poco mejor las plazas concertadas y cosas retrasadas, pero del plan de choque no tenemos noticias. Lo que dijo el 'president' en la investidura es acertado y necesario. Pero no se hace solo, toca concretarlo".
Aragonès prometió que, en la relación del Govern con el Tercer Sector social, hay que “pasar de la subvención a la concertación y la estabilización” porque “no se puede vivir en la inestabilidad”. En la patronal del tercer sector, la respuesta es directa: "Tenemos buenas palabras, en la reunión con el ‘conseller’ de Treball [Roger Torrent] hubo buena voluntad, pero ahora toca pasar a los hechos respecto a la ley de la acción concertada, la de la economía social y la del tercer sector. Y los presupuestos de 2022 son absolutamente clave”, describe Joan Segarra, presidente de La Confederació.
Vemos una cierta inacción, esperamos que en octubre se apruebe la nueva ley de vivienda a la que se han comprometido
Vivienda: urgencias por concretar en octubre
En política de vivienda, los planes del Govern también son ambiciosos, y se concretan en una inversión de 1.000 millones a lo largo de cuatro años. El secretario de Habitatge ha anunciado que la Generalitat pagará el alquiler y las deudas a las familias vulnerables. En la comisión bilateral con el Estado, sigue vivo el conflicto por el veto del Gobierno a la ley que limita el precio de los alquileres en Catalunya. Lucía Delgado, portavoz de la PAH, lamenta una cierta "inacción" y pide que se apruebe en octubre una ley de emergencia habitacional y de vivienda, a propuesta de un grupo de entidades, dado que existe "un compromiso" de Junts, ERC, los 'Comuns' y la CUP al respecto.
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