El tercer sector pide más conciertos públicos tras el fiasco de la ‘ley Aragonès’
La patronal de las entidades que prestan servicios a personas reclaman priorizar la concertación ante la contratación
El Govern era incapaz ayer de asumir el fracaso en la tramitación de la ley Aragonès, la norma con la que pretendía regular la contratación privada de los servicios de atención a las personas, tumbada el lunes en el Parlament. La Confederació del Tercer Sector, la patronal de entidades sociales, también lamentaba el fiasco pero reclamó a partir de ahora poner el foco en una nueva ley que priorice el modelo de conciertos públicos que respete más el modelo de sus asociados.
La posición de la Confederación obedece a un ejercicio de pragmatismo. La organización, como la Mesa del Tercer Sector, defendía la aprobación de la denominada ley Aragonès(aunque la impulsó el exconsejero Raül Romeva en la legislatura anterior) al considerar que creaba un marco catalán que mejoraba las oportunidades de las pequeñas entidades pese a que fuera en un marco de concursos públicos. Pero la organización también defendía que, en paralelo, se avanzaran los trabajos para aprobar una ley de acción concertada, con la que se ampliaría a nuevos servicios ese modelo de subcontratación pública, basado en que la Administración fija un precio y un umbral cualitativo a una prestación determinada y va asignándo el servicio a entidades que tiene acreditadas.
La Confederación cree que el modelo de conciertos refuerza el control por parte de la Administración de los servicios públicos, aunque estén igualmente externalizados. “Si se hiciera bien, con la ley de acción concertada se cerraría la mercantilización del sistema, que beneficia a los grandes grupos que reparten dividendos”, afirmaba ayer Joan Segarra, presidente de la Confederació. El Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales creó una mesa de trabajo para desarrollar el articulado de esa nueva norma, pero hace meses que no se convocan reuniones.
El Govern se desentiende de la derrota
La portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, se desentendió ayer del rechazo a la ley que ayer se produjo en el Parlament. “No hemos valorado la no aprobación de esta ley y no puedo darle más información”, dijo al ser preguntada por la votación. En ese sentido, Budó remitió al Departamento de Economía, liderado por el vicepresidente Pere Aragonès, para conocer las razones del rechazo del texto legislativo. “El proyecto de ley que presentamos como gobierno, era una buena ley y desconozco las causas concretas por las que no ha sido aprobada”, ha insistido. Desde Economía, departamento de la que ha pendido parte de la elaboración de la ley, trasladaron la responsabilidad de las explicaciones al diputado Jordi Albert.
De hecho, la ley Aragonès incorporaba la obligación de aprobar, en un plazo de 18 meses, dos nuevas leyes de concertación, una para el ámbito del servicio a las personas y otra para la sanidad, donde hoy es una fórmula de subcontratación muy común. “Las pequeñas entidades y las más locales saldrían ganando siempre y cuando se elabore con el mismo espíritu de la directiva europea”, afirmaba Segarra.
Catalunya en Comú era partidaria también de aprobar antes una ley de concertación antes de la de contratación pública que pretendía el Govern. Es por ello, en parte, por lo que el lunes se sumó al resto de grupos de la oposición y demandó el mismo día una votación para que el texto sucumbiera en la Cámara de forma irremediable. El diputado de ERC Jordi Albert, relator del proyecto de ley, denunciaba ayer que esa derrota estaba más vinculada al momento político que no al contenido de la norma. Aunque lo cierto es que el borrador ha generado fuertes discrepancias desde entidades como la Fapac o el sindicato Metges de Catalunya, que denunciaban que abría la puerta a nuevas privatizaciones. Desde el PSC denunciaban, sin embargo, que el Govern pretendía beneficiar a determinadas entidades en función de su figura jurídica.
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