La inflación asfixia el tercer sector catalán, que asume el 54% de las políticas sociales de la Generalitat

Centros educativos donde viven niños cuyos padres no se pueden hacer cargo, servicios de atención a mujeres que han sufrido violencias machista y necesitan un lugar donde empezar una nueva vida, albergues para dar un techo a personas sin hogar, residencias de ancianos o personas con discapacidad, pisos de inserción o servicios de detección precoz. Estos son algunos de los servicios públicos que gestiona la 'conselleria' de Drets Socials de la Generalitat. El 54% de ellos están subcontratados a entidades sociales que este año, debido al sobrecoste de la inflación, tuvieron que avanzar 281,5 millones de euros para mantenerlos abiertos, según apunta un sondeo realizado por la Confederació del Tercer Sector. La patronal de las oenegés reclama al Govern mejoras en la financiación. "Llueve sobre mojado y nuestro trabajo es esencial", advierte Laia Grabulosa, directora de La Confederació.

Los datos presentados este martes por La Confederació del Tercer Sector revelan que las entidades sociales están asumiendo unos costes que ponen en riesgo su viabilidad y, por lo tanto, también la de la política social en Catalunya. Según el último Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales de la Generalitat, de 2021, las entidades sociales gestionan el 54% de los servicios y establecimientos sociales (casi 4.500), frente al 25% de iniciativa pública (2.062) y el 20,8% de la mercantil; es decir, empresas con ánimo de lucro (1.712).

El tercer sector, en números rojos: "Dependemos de donativos y créditos para garantizar servicios públicos"

Según el sondeo realizado por más de un centenar de entidades que gestionan servicios públicos subcontratados por el Govern, las entidades han hecho frente al aumento de la factura energética y a la cesta de la compra con dinero de su bolsillo. De media, el gasto de la electricidad de las oenegés se ha incrementado un 65,6%; el gas un 60% y la alimentación un 17,8%. Además, el 70% de las entidades sociales han tenido otros gastos que se han disparado, especialmente el combustible, pero también el alquiler de locales, la limpieza o el mantenimiento.

Donativos y créditos

Estos factores han impactado directamente en las cuentas de las entidades sociales encuestadas. El 37% ha cerrado en negativo, el 25% ve peligrar la viabilidad económica de sus proyectos y el 5% se verán obligadas a cerrar servicios o reducir la atención a las personas si el Govern no impulsa medidas específicas de compensación económica. Son cifras "alarmantes", según la Confederación del Tercer Sector, dado que, en paralelo a esta crisis de sobrecostes, el número de personas que necesitan atención social no para de crecer, ya sea para hacer frente a los gastos de la vivienda, la alimentación o el transporte. Muchas oenegés asumen los sobrecostes con donativos de socios y ahorros. A otras no les queda otra que pedir créditos a los bancos.

De hecho, se trata de una tormenta perfecta dado que los servicios sociales que están subcontratados o que se financian con subvenciones por parte de la Administración arrastran desde hace años un problema de financiación. Desde los recortes del Govern de Artur Mas, en 2010, las tarifas sociales que abona la Generalitat para mantener estos servicios públicos ha permanecido en el congelador. Ya en 2019 las entidades y patronales hablaban de una década perdida, porque estas ayudas no habían aumentado. "Este incremento extraordinario es un problema coyuntural que se suma a una situación muy delicada de infrafinanciación estructural que el Tercer Sector arrastra desde hace muchos años. Llueve sobre mojado y debemos activar todos los instrumentos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios", se queja Grabulosa.

Aumentos insuficientes

A partir de la pandemia del coronavirus, el 'conseller' d'Afers Socials Chakir el Homrani y después la 'consellera' Violant Cervera pactaron aumentos de financiación de mínimos. El año pasado, los ingresos que aportó la Generalitat aumentaron un 3%: 44 millones más. Los nuevos presupuestos de 2023 incrementan la financiación un 4%, aunque en la negociación de los cuentas el PSC reclamaba llegar hasta el 7%. Esto se aplica a las entidades sociales que gestionan los servicios públicos, pero también a las empresas mercantiles que se presentan a los concursos de la administración. En total, para este año, la aportación de más que realizará el Govern no superará los 60 millones de euros para todos los servicios sociales, una cifra que queda muy por debajo de los más de 280 millones que están asumiendo tan solo las entidades sociales.

La Confederació, que representa a más de 3.000 entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, reclama a la Generalitat un fondo extraordinario para compensar estos sobrecostes y líneas de ayudas específicas para reformas y de transición energética. Además, reclaman a Drets Socials que cada año revisen los precios de financiación de estos servicios. De no producirse, advierten, la política social y de atención a las personas está en riesgo, ya que los únicos capaces de asumir estos sobrecostes son las grandes empresas privadas.

Lucro en los servicios sociales

Se trata de una tendencia que ya se evidencia en los servicios para la tercera edad. El 65, 5% de las residencias asistidas en Catalunya son de iniciativa mercantil, frente al 14,9% de públicas y el 19,7% en manos de entidades sociales. Igual ocurre con los centros de día para dependientes. El 59,5% está en manos de empresas, el 23,8% los gestiona el tercer sector y el 16,7% restante son públicos. Algo que, por ejemplo, no ocurre en los centros donde viven los menores tutelados. Según los datos de 2021, el 88% está en manos de entidades sociales, frente al 11% que gestiona directamente la administración, sin la presencia de empresas ni proyectos con ánimo de lucro.

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