Las administraciones deben 250 millones a las entidades sociales catalanas

La pandemia de coronavirus ha golpeado duramente también a aquellos que tratan de mitigar el impacto de la crisis económica para los más desfavorecidos. Las entidades sociales catalanas, abrumadas por el aumento de la demanda desde que estalló la pandemia, sufren estrecheces económicas y denuncian que el Govern no garantiza su sostenibilidad. Según el anuario de la Confederación Empresarial del Tercer Sector, solo el 6,1% de las entidades sociales cerrará este año sin pérdidas. Las entidades arrastran desde hace meses impagos por parte de las distintas administraciones, que suman más de 250 millones entre facturas vencidas y subvenciones ejecutadas y justificadas pero que no se han abonado.

El Tercer Sector atiende en Cataluña a más de un millón y medio de personas, y las entidades emplean a un total de 97.000 trabajadores. Con la pandemia y la derivada crisis económica y social, el sector ha experimentado un aumento sustancial de la demanda, especialmente en las entidades que se dedican a proveer de productos de primera necesidad. Pese al aumento de la actividad, el sector no ha experimentado un incremento en sus ingresos, más bien al contrario.

Los datos del Anuario de la Confederación Empresarial del Tercer Sector, que este año se titula Anuario Covid-19, indican que la pandemia ha conllevado un sobrecoste de 84 millones de euros para el conjunto de las entidades, en compra de material de protección, adecuación de los espacios, sustituciones y contrataciones. Las restricciones y el cierre de actividades han supuesto una pérdida de 593 millones en los ingresos de las entidades sociales, y la caída de los ingresos se estima este año en un 10%. Esta situación ha hecho que la mayoría de entidades haya tenido que descapitalizarse o endeudarse para tirar adelante en estos meses de pandemia.

Si todo ello no fuera suficiente, el sector denuncia que desde hace meses arrastra impagos y retrasos por parte de todas las administraciones. Seis de cada diez entidades sociales dice tener facturas vencidas pendientes de cobrar. Estas facturas ascienden en total a 162 millones de euros: el 63% corresponde a deudas de la Generalitat, el 25% a Ayuntamientos, el 10% a otras administraciones públicas, y el 2% a clientes privados. Además, se deben 94 millones de euros en concepto de subvenciones ejecutadas y justificadas pendientes de cobrar. El 75% corresponde a la Generalitat, el 5% a Ayuntamientos y el 20% a otras administraciones.

En total son 256 millones que la Confederación reclama inmediatamente como primera medida para paliar el impacto de la pandemia. Además, exige más ayudas al sector, e impulsar un acuerdo político para garantizar la sostenibilidad del sector social.